Confirmado: las elecciones en Tucumán serán el próximo 11 de junio
Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la PBA, analiza la violencia contra niños y niñas y trae cifras alarmantes respecto de los castigos físicos a los más chicos.
El salvaje asesinato del pequeño Lucio Dupuy, en La Pampa, puso la problemática de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública. Los padecimientos que sufrió el pequeño Lucio, lamentablemente, no son un caso aislado. Se trata de un flagelo fuertemente arraigado y transversal a todas las clases sociales. Según un estudio elaborado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), casi el 60% de las y los NNyA de la Argentina reconoce haber recibido algún tipo de castigo violento de disciplina, el 35,6% sufrió castigo físico y casi el 7% (7 de cada 100) padeció palizas severas.
A diferencia de lo que muchas veces se cree, el mayor indicador de violencia extrema no se registra en las familias de sectores socioeconómicos más postergados. La tasa más elevada aparece en hogares de ingresos medios: prácticamente 1 de cada 10 niños/as o adolescentes (9%) de ese quintil sufrieron alguna vez castigos severos. Más grave aún resulta que, en pleno siglo XXI, hay padres y madres/cuidadores que reconocen y hasta defienden el empleo de violencia física (castigos corporales) como forma de llevar adelante la crianza de las y los pequeños.
La Argentina, en comparación con la enorme mayoría de los países de América, tiene desde hace más de 30 años una legislación de vanguardia en lo que se refiere a la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, si tenemos en cuenta los indicadores antes mencionados, es indudable que el marco normativo resulta necesario, pero no suficiente.
Debemos redoblar esfuerzos para que las normas que buscan prevenir y condenar la violencia que afecta a los niños se cumplan y se apliquen debidamente. Pero también nos debemos la tarea de complejizar la temática, problematizarla, ante la evidente permanencia de un núcleo duro de tolerancia social que reivindica, defiende y/o ejerce violencia contra la niñez.
En definitiva, es la sociedad en su conjunto -cada uno de nosotros- la que debe incorporar la necesidad de un urgente cambio cultural. Cada persona, cada familia, puede aportar a la hora de prevenir y denunciar los casos de violencia infantil ante la aparición de cualquier indicio. Por ejemplo, ante la aparición de algún caso, sólo es cuestión de comunicarse con las líneas de emergencia que funcionan las 24 horas -Línea 102 y 137- para posibilitar la intervención estatal.
A su vez, el Estado, en sus diversos niveles y jurisdicciones, también debe mejorar los mecanismos institucionales de respuesta. Esto incluye, obviamente, a la Justicia. Se trata de una deuda pendiente que, hace tres años, fue advertida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe individual sobre la Argentina.
• Intensificar las campañas de concientización contra la violencia infantil en el sistema educativo, clubes, asociaciones civiles, etc.
• Emprender una evaluación amplia del alcance, las causas profundas, los factores de riesgo y la naturaleza de la violencia, los malos tratos y el descuido de que son víctimas niños/as, con miras a formular una estrategia nacional integral para prevenir y combatir esos fenómenos.
• Fomentar programas orientados a la comunidad destinados a prevenir y combatir la violencia doméstica, los malos tratos y el descuido de los/as niños/as.