El Gobierno se niega a aplicar una readecuación de partidas como lo establece la ley de emergencia en materia de discapacidad.
El Gobierno promulgó hoy la ley de emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2026 pero advirtió que no la aplicará hasta que el Congreso no defina de dónde se obtendrán los recursos para instrumentar esa medida para la que este año deben destinarse 3 billones de pesos.
La ley otorga facultades al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para readecuar las partidas destinadas a garantizar el financiamiento de esta iniciativa que actualiza el valor de las prestaciones así como de las pensiones y de los talleres protegidos, pero el Poder Ejecutivo decidió que no lo hará pese a que esta norma quedó firme con el rechazo al veto del presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados rechazó el pasado 20 de agosto, por 172 votos contra 73 votos, el veto a la ley de emergencia en discapacidad, y el Senado hizo lo propio el 4 de septiembre por 63 contra 8 votos.
La ley de Emergencia en Discapacidad establece una recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período, y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.