(Julieta Ferrario)
La salida de Marco Lavagna del organismo, a días de la publicación del primer IPC con nueva metodología, reavivó las denuncias por manipulación estadística, congelamiento salarial y presión política sobre un organismo clave.
La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) encendió una señal de alarma en uno de los organismos más sensibles del Estado, justo cuando el gobierno de Javier Milei necesita sostener su principal bandera política: la desaceleración de la inflación.
La salida del funcionario técnico se produjo a apenas ocho días de que se conozca el primer dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología, en medio de versiones de manipulación, internas salariales y un creciente malestar entre los trabajadores.
Lavagna se despidió del personal mediante una carta en la que habló de “seis años de mucho trabajo y enormes desafíos” y defendió los avances en la mejora de las estadísticas públicas. Sin embargo, evitó explicar los motivos concretos de su renuncia. Fuentes sindicales y técnicas del organismo vinculan la decisión al congelamiento salarial impuesto por el Gobierno y a las tensiones internas generadas por la demora en la aplicación del nuevo IPC, una actualización que estaba lista desde hace meses.
El momento elegido para la salida no es un detalle menor. La puesta en marcha del nuevo índice, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y en la clasificación Coicop 2018, modifica de manera sustancial las ponderaciones del consumo y otorga mayor peso a los servicios públicos, el transporte, las comunicaciones y la vivienda. En un contexto de fuerte ajuste tarifario, la actualización amenaza con mostrar una inflación más alta que la registrada bajo la metodología anterior.