“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó ante los medios Agostina Páez, la joven de 29 años.
Este martes, Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, se presentó a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que podrá regresar al país y cumplir tareas comunitarias.
“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó la joven de 29 años ante los medios. Además, aseguró que le gustaría volver a Brasil, un destino que le resulta atractivo, aunque reconoció que hoy le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.
También afirmó que durante el proceso judicial siempre dijo la verdad y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo, y agregó que aún resta que el juez decida cuándo le retirarán la tobillera electrónica.
Por último, remarcó que su prioridad es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.
El debate comenzó a las 15:55 y terminó minutos antes de las 19.30. Durante la audiencia, el padre de la acusada, un abogado del equipo de la defensa y los medios de comunicación fueron expulsados de la sala 808. Solo estuvieron ante los magistrados la joven y su representante, Carla Junqueira, junto al vicecónsul de la Argentina en Brasil; la querella y la fiscalía.
Los primeros en hablar fueron los empleados del bar, quienes debieron prestar declaración y contar lo que sucedió el día del hecho. Luego, fue el turno del fiscal y finalmente la defensa pidió que el proceso continúe en la Argentina.
Desde entonces, la abogada de 29 años estuvo imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil tiene penas severas. Según el Código Penal brasileño, se castiga con entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.
Esto significa que, en el escenario más grave, la condena podría haber llegado hasta los 15 años de cárcel si el tribunal decidía aplicar la pena máxima por cada uno de los hechos denunciados.