El Gobierno eliminó tres fondos fiduciarios clave que impactan en prestaciones sociales

El Ejecutivo disolvió el Fondo Nacional de Emergencias, el de Progresar y el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a los que apuntó por “no estar operativos” y “no haber cumplido sus objetivos”.

El Gobierno eliminó tres fondos fiduciarios clave que impactan en prestaciones sociales por considerar que “no están operativos” y “no han cumplido sus objetivos”. Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, el de Progresar y el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

La medida se implementó a través del Decreto 888/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El primero de ellos es el “Fondo Nacional de Emergencias” cuyo objetivo es financiar las acciones de respuesta establecidas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil. De acuerdo al gobierno, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elaboró un estudio en el que se “evidencia que el Fondo creado en 2016 nunca estuvo operativo”. “Desde el 15/11/17, fecha en que se suscribió el Contrato de este Fideicomiso hasta la actualidad, nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo tenido en cuenta al momento de su creación” y que dicho “Fondo Fiduciario nunca cumplió con su objetivo”, señaló el decreto.

El segundo Fondo Fiduciario eliminado es el “Fondo Fiduciario Progresar”, destinado a financiar las Becas Progresar que fue creado en 2022 y dependía de la ANSES y del entonces Ministerio de Educación. De acuerdo al Ministerio de Economía, nunca llegó a implementarse.

El último es el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fue creado para financiar medidas de protección de los bosques. Sin embargo, “la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada”, explicaron de manera oficial.

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