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Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por el convenio inicial, cuya implementación nadie controló.
Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.
En los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite. Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación.