La jornada legislativa dejó en claro que la defensa del Estado como garante de derechos y servicios esenciales no es negociable.
El panorama del Senado de la Nación cambió rotundamente respecto a las decisiones políticas que se tomaban el año pasado y durante el jueves 21 de agosto se convirtió en el escenario de una confrontación decisiva contra el gobierno de Javier Milei. Con una votación que rechazó cinco decretos presidenciales emitidos bajo las facultades delegadas, el Parlamento demostró que las instituciones democráticas pueden ser un baluarte contra el desmantelamiento del Estado que prometió el gobierno de las fuerzas del cielo.
Los decretos en cuestión, que incluían intervenciones y reestructuraciones de organismos públicos fundamentales como el Instituto Nacional del Teatro, Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos, habían generado un fuerte rechazo sobre todo en el sector de los trabajadores de cada estamento. La oposición condensada en el peronismo, la izquierda y algunos sectores del PRO y la UCR, coordinaron un trabajo legislativo que logró frenar el intento de reforma estatal libertaria.
Las modificaciones impulsadas por los decretos presidenciales ya habían comenzado a generar cambios sensibles en los organismos afectados. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial sufrió el cierre de áreas clave como la Dirección de Campañas y el Sistema Nacional de Infracciones, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte fue absorbida por el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo.