La denuncia sobre los audios expone por un lado, delitos graves dentro del ámbito gubernamental pero por otro lado, pone sobre la mesa tensiones fundamentales entre seguridad, privacidad y libertad de expresión
El fiscal Carlos Stornelli se pronunció este martes sobre la denuncia del Gobierno en torno a los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada, atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Si bien Stornelli consideró que los hechos denunciados son “lo suficientemente graves y verosímiles como para iniciar una investigación judicial”, también subrayó la necesidad de proteger un pilar fundamental de la democracia: la libertad de expresión y el derecho constitucional que ampara las fuentes periodísticas.
En una declaración que parece marcar distancia respecto de las intenciones del Ejecutivo, Stornelli aseguró que no solicitará allanamientos a periodistas ni medios de comunicación, como había sugerido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “En primer lugar, debo decir que en la investigación no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”, afirmó el fiscal.
Stornelli también destacó que la inviolabilidad del domicilio y de las fuentes periodísticas está protegida por la Constitución, salvo orden fundada de un juez competente. Sin embargo, aclaró que esto “no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”, dejando abierta la posibilidad de que se investiguen otros aspectos relacionados con los hechos denunciados.