Triple femicidio: los detenidos se negaron a declarar y la Justicia tiene dudas

El silencio de los acusados, las denuncias cruzadas entre familiares, el ataque a la hermana de una de las víctimas y el rol de la banda narco alimentan los interrogantes en torno al caso que conmociona al país.

Los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela optaron por guardar silencio durante sus indagatorias, una decisión que suma interrogantes al entramado que ya atraviesa la causa. Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva fueron citados ante el fiscal Gastón Dupláa, pero ninguno declaró ante la Justicia. Con esa negativa, quedaron formalmente imputados por homicidio agravado y seguirán bajo prisión preventiva.

En este escenario, la Justicia deberá esclarecer las dudas en torno al caso, sobre todo frente a los elementos conocidos hasta ahora: denuncias previas de las familias, ataques contra allegados e inconsistencias en redes sociales que, según los testimonios, podrían sugerir un vínculo complejo entre las víctimas.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez reclamaron que se visibilicen las denuncias que habían realizado. Hablaron de intentos de persecución, amenazas y advertencias que, según ellos, no fueron rastreadas a tiempo.

El abuelo de Brenda y Morena fue uno de los más enfáticos: acusó públicamente a la hermana de Lara de haber “ofrecido algo” a las adolescentes para que fueran a la casa donde finalmente las mataron. “¿Qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron”, denunció el hombre entre lágrimas, y pidió que la investiguen.

El clima de violencia alrededor del caso se intensificó con el ataque a tiros contra la casa de la familia de Lara. Fuentes policiales confirmaron que un motociclista pasó por el frente de la propiedad y que disparó varias veces.

Este episodio generó aún más tensión entre los seres queridos de las víctimas y dejó en evidencia el nivel de hostigamiento que atraviesan las familias. Para la Justicia, se trata de un dato sensible que debe investigarse en paralelo a los homicidios.

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