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Se allanó un local del barrio de Flores en el que se adulteraban matafuegos para escuelas y comercios.
Luego de una investigación que duró más de 3 meses se pudo determinar que tras la fachada de la venta de elementos contra incendio, extintores y artículos para la seguridad industrial, en el comercio ubicado en la calle Condarco al 300 se adulteraban etiquetas de vencimiento de matafuegos y se realizaban falsas recargas de los mismos.
En el lugar se encontraron 73 extintores con etiquetas falsificadas y más de 100 obleas truchas preparadas para su posterior colocación. También había una computadora encendida en la que se visualizaban etiquetas para matafuegos listas para ser impresas.
Al escanear los respectivos códigos QR de las etiquetas truchas en lugar de acceder a la plataforma oficial de la AGC (Agencia Gubernamental de Control) el sistema se dirigía a la página del negocio. Incluso se encontraron matafuegos en los que figuraba como fecha de fabricación: diciembre del 2022.
En el comercio también recibían extintores para su supuesta recarga pero en realidad los entregaban sin llenar pues no contaban con los elementos necesarios para hacerlo. Para simular la recarga les colocaban a los matafuegos el anillo plástico que certifica físicamente que el aparato fue cargado pero pegado con líquido adhesivo. Cuando un cliente se acercaba con un matafuego completamente vacío para ser recargado, los dueños del comercio le indicaban que debía comprar uno nuevo ya que ese no servía más. De esa manera evitaban hacer una recarga real.
En el momento en que se estaba realizando la inspección se acercaron varios comerciantes de la zona diciendo que habían comprado los extintores de sus locales en ese lugar. Al revisarlos se comprobó que también eran apócrifos.
En total se secuestraron 73 matafuegos con etiquetas truchas, 68 anillos plásticos de certificación de carga (marbetes), 54 etiquetas falsificadas de la AGC y 110 etiquetas autoadhesivas adulteradas de la Provincia de Bs. As. Los encargados del local, madre e hijo de 57 y 32 años, fueron imputados por adulterar documentación pública.