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Las víctimas que obtuvieron las píldoras en centros de salud pública, amenaza con una demanda si no llega a un pronto acuerdo con los ministerios de Salud y Mujer.
En 2020, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, más de 200 mujeres quedaron embarazadas pese a tomar los anticonceptivos Anulette CD, administrados por los servicios de salud pública, y fabricados por los laboratorios Andrómaco y Silesia, de la farmacéutica Grünenthal.
La mayoría de las víctimas fueron mujeres de escasos recursos. Dos lotes presentaron fallas en los envases o bien comprimidos de placebo sustituían a los de principio activo, y a la inversa. El Instituto de Salud Pública (ISP), el ente regulador de medicamentos, les impuso una serie de multas por cerca de 92.000 dólares.
Al considerar que el escandaloso episodio era una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las afectadas, la Corporación Miles inició un procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que derivó en una compensación económica por parte de los laboratorios a las mujeres.
El ministerio de Salud y el de la Mujer del Gobierno de Gabriel Boric anunciaron a mediados de mayo medidas para prevenir fallas en la fabricación, comercialización y entrega de las píldoras. Entre ellas, figura establecer una diferenciación de colores y formas de las pastillas con principio activo y las de placebo (ya ocurre en la mayoría), cambios de rótulo y de folleto, y avanzar en la disminución de puntajes en las compras públicas de los laboratorios sancionados