El exjefe de Gabinete presentó la justificación de su patrimonio ante la Justicia. Insistió con que los dólares cuestionados son fruto de la venta de Bitcoin, adquiridos entre 2014 y 2018. Sostuvo que la remodelación en Indio Cuá costó 175.000 dólares.
A 150 días de que salieran a la luz inconsistencias entre sus gastos y su patrimonio, el exjefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó responder los 20 puntos clave solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita y volvió a atribuir los dólares cuestionados a la venta de Bitcoin. A su vez, sostuvo que la obra de Indio Cuá costó menos de lo declarado. Si la respuesta no satisface a los fiscales quedará allanado el camino para su citación a prestar declaración indagatoria.
Adorni se presentó ante la Justicia al filo del vencimiento del plazo y entregó un escrito de 77 páginas para justificar la evolución de sus bienes, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En el escrito presentado por su abogado, Matías Ledesma, la defensa sostuvo que la familia contaba con medio millón de dólares ahorrados, pero que optó “deliberadamente por vivir como si no los tuviera”.
Como argumento central, la defensa sostiene que “no existe enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y que las operaciones cuestionadas cuentan con documentación de respaldo. La defensa atribuyó la mayor parte de los fondos cuestionados a operaciones con bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. También cuestionó el costo de la remodelación de su casa en Indio Cuá y afirmó que el monto efectivamente pagado fue de U$S175.000.
Uno de los principales puntos cuestionados estaba relacionado con los dólares declarados en efectivo. Según la presentación, Adorni informó U$S565.000 al inicio de 2023, U$S513.000 al cierre de ese año y U$S388.961,52 al finalizar 2024 bajo el concepto de “venta de activos”.
La defensa sostiene ahora que esos fondos provienen de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones habrían representado U$S591.544,61. Según el escrito, las billeteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, varios años antes de su ingreso a la función pública, y actualmente no conservan saldo.