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El gobierno le declara la guerra a los jubilados que marchan por una jubilación digna. En lugar de respuestas, gases y palos.
Ni la edad, ni la historia, ni el reclamo elemental por una jubilación digna alcanzan para frenar la brutalidad del gobierno de Javier Milei a manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Como cada miércoles, un grupo de jubilados acompañados por organizaciones sociales volvió a marchar frente al Congreso de la Nación, en una manifestación que se repite con la regularidad y la dignidad de quienes no tienen otra herramienta más que el cuerpo y la calle para exigir lo que les corresponde.
Pero esta vez, otra vez, como siempre desde que asumió “Jamoncito”, la respuesta fue la represión. El 16 de abril, pasadas las cinco de la tarde, la intersección de Rivadavia y Entre Ríos volvió a ser escenario de una escena que se repite como un loop distópico: gas lacrimógeno, empujones, detenciones arbitrarias, insultos, y un despliegue desmesurado de fuerzas de seguridad.
La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria cumplieron a rajatabla el “Protocolo antipiquetes” de la ministra Bullrich, y lo que debió ser una manifestación pacífica de ciudadanos mayores terminó una vez más en una salvaje represión sin justificación.
La marcha de los jubilados no pide privilegios. Pide lo mínimo: que la jubilación mínima llegue a 1,2 millones de pesos, que se restituyan los medicamentos gratuitos y que se prorrogue la ley de moratoria previsional, que el gobierno dejó caer sin miramientos. Piden lo que ya fue suyo, lo que trabajaron durante décadas, lo que les arrebataron bajo la excusa de un ajuste que no mira a los poderosos, sino que descarga todo el peso sobre los más débiles. Pero para este gobierno, la protesta es una amenaza, incluso si la encabezan abuelos. Lo que se busca silenciar no es el corte de calle, sino el grito de un reclamo legítimo.